En un contexto de revisión normativa con implicaciones directas sobre el comercio internacional, el Gobierno de Colombia ha propuesto aplazar la entrada en vigor de una regulación que modificaría los criterios de certificación exigidos para la importación de vehículos al país. La medida, originalmente prevista para comenzar el 2 de mayo de 2025, ha captado la atención de actores clave del sector automotor, tanto a nivel nacional como internacional.
Esta nueva normativa indicaba que, a partir de la fecha mencionada, Colombia dejaría de reconocer los certificados emitidos bajo los estándares estadounidenses Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), y pasaría a aceptar exclusivamente los estándares definidos por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). En la práctica, esto implicaría una modificación sustancial en los criterios bajo los cuales los vehículos importados pueden ser comercializados en el país.
¿Qué implica el cambio en los estándares de certificación?
Tanto los FMVSS como los estándares CEPE buscan garantizar la seguridad de los vehículos que circulan en los respectivos mercados. Sin embargo, existen diferencias técnicas y de enfoque entre ambos marcos regulatorios. Mientras que el sistema estadounidense FMVSS es seguido por gran parte de los fabricantes de vehículos que exportan a América, el CEPE es comúnmente utilizado en Europa y algunas regiones de Asia.
Adoptar un único sistema de certificación —en este caso, el europeo— podría representar desafíos técnicos y logísticos para los fabricantes que tradicionalmente han seguido los estándares FMVSS, en especial aquellos con presencia consolidada en mercados como Estados Unidos, México o Canadá. Asimismo, implicaría que vehículos actualmente disponibles en el mercado colombiano necesitarían nuevas evaluaciones o adaptaciones para poder continuar siendo comercializados legalmente.
Un comercio bilateral de alto valor
Según estimaciones oficiales, el comercio de vehículos y componentes automotores entre Colombia y Estados Unidos asciende a más de 700 millones de dólares anuales. Esta cifra no solo refleja el volumen de importaciones, sino también la importancia estratégica del sector automotor en las relaciones comerciales entre ambos países.
Dentro del mercado colombiano, gran parte de los vehículos disponibles son importados y muchos de ellos provienen de fabricantes que operan bajo los estándares FMVSS. Un cambio regulatorio que afecte esta dinámica podría derivar en impactos para distintos actores de la cadena: importadores, concesionarios, talleres especializados y, por supuesto, consumidores finales.
La propuesta de aplazamiento
En respuesta a las preocupaciones planteadas por diversos sectores, el Gobierno de Colombia, a través de la ministra encargada de Comercio, Industria y Turismo, Cielo Rusinque, y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, presentó formalmente una propuesta de aplazamiento de la entrada en vigencia de la normativa. Esta propuesta fue discutida durante una reunión oficial en Washington con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, actual director de la Oficina del Representante Comercial (USTR).
El objetivo de esta medida es abrir un espacio de diálogo técnico y comercial que permita revisar los fundamentos técnicos de la normativa, su impacto en las relaciones bilaterales, y las opciones disponibles para alcanzar un estándar común que no comprometa la seguridad vehicular ni las condiciones de acceso al mercado.
Preocupaciones y posiciones en juego
El Gobierno de Estados Unidos, a través del representante Greer, manifestó su inquietud sobre los posibles efectos que esta norma podría generar. En una misiva enviada el 11 de abril, el funcionario indicó que la decisión colombiana podría ser considerada como una “práctica comercial desleal” si no se presenta evidencia suficiente que justifique el cambio. También advirtió que la implementación unilateral de esta medida podría desencadenar acciones coercitivas que incluyan la suspensión de exportaciones hacia Colombia.
Desde la perspectiva estadounidense, el actual sistema de certificación FMVSS ha demostrado ser eficaz para garantizar la seguridad vial, y es utilizado no solo por EE. UU., sino también por varios socios comerciales de la región. Por esta razón, cualquier exclusión sin sustento técnico podría ser interpretada como una barrera no arancelaria al comercio.
Avance hacia un entendimiento bilateral
Durante su participación en la Cumbre de los 70 años de la Cámara de Comercio Colombo Americana, celebrada en Bogotá, tanto la ministra Rusinque como el embajador García-Peña ratificaron el compromiso del Gobierno colombiano de avanzar hacia una solución concertada. La funcionaria subrayó que la relación con Estados Unidos es prioritaria en la agenda comercial del país y que se están explorando mecanismos para mejorar el acceso de productos colombianos al mercado norteamericano, incluyendo bienes como acero, aluminio, biodiesel y productos agroindustriales sujetos a trámites de admisibilidad sanitaria.
En paralelo, Colombia ha expresado su interés por fortalecer el comercio de servicios, ampliar su participación en la contratación pública estadounidense y consolidar relaciones técnicas que permitan facilitar el cumplimiento de estándares en ambos sentidos.
Un gesto de pragmatismo y prevención
Expertos en comercio exterior han señalado que la propuesta de aplazamiento puede leerse como un gesto de pragmatismo institucional, en busca de preservar la estabilidad del comercio automotor, mientras se examinan con mayor profundidad los criterios técnicos de homologación. La medida también permite evitar una posible escalada en las tensiones comerciales y da margen para construir soluciones basadas en evidencia técnica.
Por su parte, el Ministerio de Comercio ha asegurado que el proceso de revisión de la normativa ha contado con el acompañamiento de las entidades competentes y que se han tomado en cuenta los compromisos internacionales en materia de defensa comercial.
Conclusión
La coyuntura actual pone en el centro del debate la necesidad de compatibilizar los objetivos de política pública en materia de seguridad vehicular con los compromisos adquiridos en los acuerdos de comercio internacional. Si bien la normativa colombiana busca modernizar los criterios de certificación y alinearse con marcos regulatorios internacionales, su implementación requiere coordinación y diálogo técnico con los principales socios comerciales del país.
El aplazamiento propuesto por el Gobierno colombiano representa una oportunidad para fortalecer la cooperación técnica, reducir incertidumbres y preservar una de las relaciones comerciales más relevantes para el país. En un entorno global donde las normativas cambian con rapidez, mantener canales abiertos de diálogo y revisión técnica se convierte en una herramienta fundamental para garantizar un comercio fluido, justo y seguro.
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